En el 2016, se publicaron resultados del Estudio Internacional de Cívica y Ciudadanía (ICSS), aquí participaron estudiantes de 2do. de secundaria sobre sus roles ciudadanos. En dicho estudio se señala que el 34% de los estudiantes peruanos reconoce a la democracia como sistema político y comprende que las instituciones y leyes pueden promover valores democráticos. También indica que solo el 8% es capaz de justificar y evaluar posiciones políticas o leyes en función de principios y de la búsqueda del bien común.

Los resultados de la Encuesta Censal de Estudiantes (ECE), en el área de ciencias sociales, aplicada a los estudiantes de 2do. de secundaria nos muestran también datos bastante alarmantes, el 2016, solo el 15% alcanzaron el nivel satisfactorio y el 2018, solo el 11,6% alcanzaron el nivel satisfactorio; mientras que las Encuestas Muestrales (EM), en el área de ciudadanía, aplicada a los estudiantes de 6to. grado de primaria, el 2013, el 30.4% alcanzaron el nivel satisfactorio y, el 2018 el 33.5% lograron el nivel esperado.

Este año, el Proyecto Bicentenario realizaron un Estudio sobre Valores y Ciudadanía, esta fue realizada a hombres y mujeres de 18 a 70 años. Aquí los resultados nos mostraron dos ángulos. Por un lado, cinco de diez encuestados considera que los peruanos no practicamos ningún valor, ocho de cada diez no confía en los demás, y siete de cada diez peruanos considera que no sabemos resolver problemas a través del diálogo. Mientras que por otro lado, seis de cada diez peruanos considera al Bicentenario como una oportunidad de cambio de valores, ocho de diez peruanos sí participaría sobre el futuro del país y, sobre la expectativa de la situación personal para el próximo año, los jóvenes de 18 a 24 años, cinco de cada diez señalan que estarán mejor.

Estos datos nos evidencia que tenemos un déficit que superar en la formación ciudadana del país y, que desde las instituciones educativas del sistema educativo (la básica y la superior) tienen que enfrentarlas no solo desde la parte curricular, sino también desde su organización y funcionamiento, que permitan un ejercicio participativo, con espacios de debate y deliberación, ser parte en la toma de decisión institucional y de la construcción de una mejor manera de convivir entre distintos, sin discriminación y sin exclusión. La ciudadanía se practica y se ejerce, las instituciones educativas son el espacio privilegiado para la formación ciudadana.

Sin embargo, para que se consolide y se construya ciudadanía, es importante que no solo miremos a las instituciones educativas, sino también su relación con el entorno territorial y la realidad social. Ello exige por tanto, que la formación ciudadana, sea también asumida por diversas instituciones tanto públicas como privadas, pero sobre todo, por las diversas organizaciones de la sociedad civil, que viabilicen condiciones mínimas que propicien espacios de encuentro, de conversación, y se promuevan procesos sostenidos y se logren acuerdos básicos para aprender a convivir.

Un elemento adicional es la agencia de las personas, elemento clave en este proceso de la formación ciudadana. Su involucramiento en la agenda pública puede darse de múltiples maneras y en diferentes grados, según las propias características, sus capacidades, sus prácticas y sus propias dinámicas tanto individual como colectiva. El conocimiento e información que manejan, la celeridad con que actúan, la facilidad en la elaborar narrativas colectivas a través de las redes sociales, el relacionamiento con los demás y sus iniciativas innovadoras y creativas les da variadas forma de expresión ciudadana y mostrarnos su solidaridad, su empatía, su libertad y sus sueños.

Precisamente, la semana pasada la denominada generación del bicentenario - con rostro joven y de mujer-, dieron una gran lección de ejercicio ciudadano e hicieron escuchar sus voces exigiendo cambios para la construcción de una mejor sociedad, más justa, libre y solidaria.

Esta expresión de participación ciudadana lleva consigo una impostergable búsqueda de diálogo que debe ser canalizada por diversos espacios y mecanismos institucionales, las cuales deben ser el camino para pasar de la protesta hacia la propuesta.

La educación juega un rol clave para ello, así lo propone el Proyecto Educativo Nacional al 2036: el reto de la ciudadanía plena. NO sólo nos plantea cambios en el sistema educativo, sino también cambios en los diferentes actores tanto educativos, como sociales y políticos para lograr estos retos para aprender y convivir. Al mismo tiempo, nos dejó la lección que se puede movilizar a los ciudadanos para un amplio proceso de diálogo y abre camino a que esto sea sostenido. Ello, no sólo es responsabilidad del Estado y sus instituciones, sino también, desde los ciudadanos que deben encontrarse más y, dialogar, argumentar, discrepar y consensuar, en un marco de principios y valores democráticos para construir un mejor país.

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Diario El Comercio